Por la fuerza tenía que ser, porque por las buenas o con la ley en la mano, a secas, era imposible, pero la madrugada del jueves pasado, ayer, fue recuperada la planta cementera La Cruz Azul, en Jasso, Hidalgo, encabezada por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de la Guardia Nacional y de las policías Estatal de Hidalgo y Municipales de los alrededores, solo para eso sirvieron las autoridades de Hidalgo, de apoyo, como diría mi abuelita, solo de comparsa, tocando el violín, porque el operativo estuvo en manos de los vecinos, aunque estaban en territorio hidalguense.
Se dio un golpe certero en este asunto que lleva varias décadas, donde se ha convertido en problema grave para la región y de alcance nacional pues los intereses económicos es lo que sale por delante, el dinero es el que manda en esta confrontación entre dos grupos que se sienten con mejores derechos de que les pertenece esta millonaria empresa del cemento. El cochino dinero siempre ha estado al frente, aunque haya muertos de por medio, eso es secundario para sus conciencias. El billete papá.
Vecinos de Jasso –ahora llamada Ciudad Cooperativa Cruz Azul–, en el municipio de Tula, denunciaron que en el operativo hubo lesionados y posiblemente hay muertos por ataques directos, aunque sí se reportan detenciones de personas que se encontraban en la planta.
En los videos que comenzaron a circular desde la mañana del jueves, se identifica con claridad que se ejecutaron disparos de arma de fuego durante el operativo en la plana cementera. Los cooperativistas que tenían el inmueble acusaron ilegalidad en los ingresos, así como violencia por parte de la instancia ejecutora de la orden judicial, aunque sus denuncias fueron minimizadas.
Desde el 17 de agosto de 2022 la planta cementera está fuera de operación por un corte de energía eléctrica. Antes de eso, la capacidad instalada de producción era de 12 mil toneladas diarias de cemento. En los años previos, los intentos de toma de la Planta Cementera de Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., ubicada en Tula de Allende, dejaron pérdidas humanas en actos violentos, así como una parálisis de producción.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) exhibió en un comunicado que la diligencia ministerial fue ejecutada por su homóloga del Estado de México, “en acato a lo ordenado por un juez”, y que las autoridades de Hidalgo “participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población”.
Caso similar refirió la policía estatal: “un requerimiento de apoyo” para resguardar el perímetro, sin notificación de lesionados o muertos.
El 31 de agosto último, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendieron a uno de los líderes de uno de los grupos que disputa el control de la Cooperativa, Federico Sarabia Pozo.
Era el grupo de Sarabia el que, hasta esta madrugada, mantenía la posesión del inmueble en Tula. Entre las confrontaciones, esta facción de cooperativistas había acusado de solicitar la suspensión del suministro eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Víctor Manuel Velázquez Rangel –líder del otro grupo–, con el argumento que se iban a realizar trabajos de mantenimiento en la planta cementera y en la subestación eléctrica, lo cual no se realizó porque la posesión la tiene la otra facción.
Por su parte, el grupo de Velázquez Rangel ha acusado a Sarabia de posesión ilegal y fraude, en tanto que al gobierno hidalguense de inacción.
La empresa se dividió en estas dos facciones tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas de la mesa directiva en 2020. Ambos grupos se han acusado de prácticas corruptas como desvíos y malversación de recursos y de materiales, aunado a que también se culpan por las muertes.
Todos estos escenarios los ha visto el Gobierno del Estado de Hidalgo desde la barrera, como los toros, pues no ha querido intervenir en este delicado asunto, aunque están de por medio los empleos de miles de hidalguenses, la capacidad económica de la región y la producción de cemento para todo el país y el extranjero que se vio reducida a cero, es decir, actualmente y desde hace varios años, no se produce cemento Cruz Azul, como se reflejaba en casi todas las construcciones, siempre había cemento de esta marca, todos buscábamos cemento Cruz Azul, que relacionábamos con cemento de calidad, el preferido. Pronto se escaseó y desapareció del mercado. Aún lo extrañamos y también los constructores.
La madrugada del 27 de abril de 2022 se registró un combate entre los bandos, por la posesión, dejó ocho decesos y la pérdida de suministro eléctrico y daños en la Subestación Eléctrica de la comunidad de Acoculco, a tres kilómetros de la planta. Esto ocurrió en el gobierno de Omar Fayad Meneses.
El último acontecimiento violento, en la administración de Julio Menchaca Salazar, ocurrió del 23 de septiembre de 2024, cuando de madrugada personas armadas con palos y machetes intentaron ingresar al inmueble, pero fueron detenidos por corporaciones de seguridad del estado. El saldo oficial de esa intervención fue de nueve lesionados, siete por fracturas o golpes y dos por disparos de arma de fuego.
Pura violencia es el tono de resolver este conflicto, hasta estos días, donde la civilidad, los acuerdos y la justicia han brillado por su ausencia, menos la local. Dicen que son temas nacionales y se hacen a un lado, se esconden como los avestruces, como siempre. Ahí que los resuelvan otras entidades o la federación, yo ni me muevo, ni los veo ni los oigo.
En lo jurídico, Hidalgo no se metió porque el tema estaba radicado en otro lugar, pero en lo político y en lo social, tampoco, sabrá usted por qué no. Pero que se debía intervenir, pues sin lugar a dudas que se debía intervenir, ¿o, no?